Derribos en Escalante

Los propietarios del edificio Las Torres, 32 pisos, garajes, trasteros y bajos, ubicado junto a la Plaza de la Villa y que cuenta con sentencia firme de derribo del Tribunal Supremo del 28 de enero de 1999, deberán cobrar las indemnizaciones que solicitan cuando sufran el daño, esto es en el momento en que se ejecute la demolición de sus viviendas.

El TSJC declaró, el 24 de julio de 1990, la nulidad de la licencia de obra otorgada por el Ayuntamiento, el 14 de agosto de 1989, a la entidad Villa de Escalante S.A. para edificar Las Torres en el casco urbano.

Un auto del Tribunal Supremo (TS) no ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por los vecinos y el Banco Atlántico, propietarios de las viviendas de Las Torres, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria del 4 de junio de 2004. La Sala de lo Contencioso del TS resuelve que el recurso debe presentarse en los juzgado tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003, del 23 de diciembre. Además, el auto impone el pago de las costas procesales a la parte recurrente.

El fallo del TSJC dio la razón al Ayuntamiento de Escalante que rechazó en el pleno, celebrado el día 31 de enero de 2002, pagar las indemnizaciones a los vecinos.

Responsabilidad

La Comunidad vecinal exigió la responsabilidad patrimonial de este bloque de viviendas, construidas de forma ilegal, según la sentencia del TS, a la Corporación municipal, que aprobó en el pleno celebrado el 20 de diciembre de 2000 el proyecto de derribo, cifrado su coste en cerca de 182.000 euros.

Los vecinos reclamaron diferentes cantidades, según los metros cuadrados de su piso. Algunos llegaron a pedir 25 millones de pesetas.

En el juicio tuvo que declarar como codemandado el concejal Juan Venero Pila, miembro de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento que el 14 de agosto de 1989 aprobó conceder la licencia de obra de construcción de Las Torres. Por este motivo, el edil fue inhabilitado de cargo público por seis años.

El alcalde de Escalante, Pedro José Jado (PRC), aseguró ayer que cuando se deban pagar las indemnizaciones será el Ayuntamiento quien corra con los gastos, pero teniendo el cuenta el presupuesto municipal del que dispone. «Sin embargo, luego derivará la responsabilidad patrimonial a los políticos que formaron la Comisión de Gobierno en el momento de conceder la licencia de obra», incidió el máximo responsable municipal.

Gobierno cántabro

En este caso, Escalante se diferencia del caso de Arnuero, ya que el Gobierno de Cantabria no es culpable de esta ilegalidad, recalcó el regidor municipal.

Además, la Corporación municipal encargará un estudio para determinar si el derribo se realizará en una o varias fases, señaló Pedro Jado.

Fuente:Diario Montañes

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