¡Que pagen los verdaderos culpables!

La asociación ecologista Arca estudia iniciar acciones penales por delitos de desobediencia contra los alcaldes que no cumplen las sentencias que ordenan el derribo de viviendas ilegales en sus municipios. En Cantabria hay cinco municipios que cuentan con viviendas sobre las que pesan sentencias firmes de derribo: Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo y Piélagos.

El vicepresidente de este colectivo, José Ángel Herrera, realizó estas manifestaciones en una rueda de prensa en la que la asociación valoró las cuatro sentencias que han anulado las licencias de construcción de 122 viviendas de la urbanización del Alto del Cuco, en Piélagos.

Herrera ha criticado que en algunos municipios de Cantabria «lisa y llanamente» los alcaldes «no quieren» cumplir las órdenes de los tribunales de ejecutar derribos de viviendas ilegales, una situación que, a sus ojos, podría tener «relevancia penal».

Simulacros

A este respecto, ha precisado que «en breve» podrían empezar a «moverse acciones penales» porque «hay indicios» de posibles delitos de desobediencia por parte de algunos alcaldes que estarían «simulando» ejecutar las sentencias de derribo pero sin «la menor intención de hacerlo».

Ha explicado que se está estudiando la posibilidad de impulsar esas acciones penales, ya que la no ejecución de sentencias de derribo «es uno de los principales escollos para el cumplimiento de la normativa urbanística».

«La legislación urbanística sería más fuerte si quedase meridianamente claro que el que la incumple la paga», ha sentenciado Herrera.

Por su parte, el presidente de la asociación, Gonzalo Canales, ha abogado por que tanto los alcaldes y los concejales como los promotores «respondan de las irregularidades urbanísticas que cometan con su patrimonio personal» porque, a su juicio, no puede ser «que dejen marrones y se vayan de rositas».

Ley del Suelo

Además, ha reivindicado que se modifique la Ley del Suelo para «quitar» las competencias urbanísticas a los ayuntamientos y evitar la aprobación de planes parciales o modificaciones de planeamiento en contra de la legalidad.

Herrera, ha opinado además que el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, debería dimitir porque ya cuenta con más de 200 viviendas con sentencias de derribo en su municipio. «Somete al municipio a una serie de riesgos con los que, en su caso, cualquier alcalde mínimamente decente hubiera dimitido», ha apostillado Herrera, que señala que la continuidad de Pacheco en su cargo prueba «la falta de salud democrática de Cantabria».

El colectivo ecologista Arca ha recurrido hasta el momento todas las licencias concedidas en el Alto del Cuco, en el municipio de Piélagos, un total de once.

Fuente: D.Montañes

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