¡Que pagen los verdaderos culpables!

La asociación ecologista Arca estudia iniciar acciones penales por delitos de desobediencia contra los alcaldes que no cumplen las sentencias que ordenan el derribo de viviendas ilegales en sus municipios. En Cantabria hay cinco municipios que cuentan con viviendas sobre las que pesan sentencias firmes de derribo: Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo y Piélagos.

El vicepresidente de este colectivo, José Ángel Herrera, realizó estas manifestaciones en una rueda de prensa en la que la asociación valoró las cuatro sentencias que han anulado las licencias de construcción de 122 viviendas de la urbanización del Alto del Cuco, en Piélagos.

Herrera ha criticado que en algunos municipios de Cantabria «lisa y llanamente» los alcaldes «no quieren» cumplir las órdenes de los tribunales de ejecutar derribos de viviendas ilegales, una situación que, a sus ojos, podría tener «relevancia penal».

Simulacros

A este respecto, ha precisado que «en breve» podrían empezar a «moverse acciones penales» porque «hay indicios» de posibles delitos de desobediencia por parte de algunos alcaldes que estarían «simulando» ejecutar las sentencias de derribo pero sin «la menor intención de hacerlo».

Ha explicado que se está estudiando la posibilidad de impulsar esas acciones penales, ya que la no ejecución de sentencias de derribo «es uno de los principales escollos para el cumplimiento de la normativa urbanística».

«La legislación urbanística sería más fuerte si quedase meridianamente claro que el que la incumple la paga», ha sentenciado Herrera.

Por su parte, el presidente de la asociación, Gonzalo Canales, ha abogado por que tanto los alcaldes y los concejales como los promotores «respondan de las irregularidades urbanísticas que cometan con su patrimonio personal» porque, a su juicio, no puede ser «que dejen marrones y se vayan de rositas».

Ley del Suelo

Además, ha reivindicado que se modifique la Ley del Suelo para «quitar» las competencias urbanísticas a los ayuntamientos y evitar la aprobación de planes parciales o modificaciones de planeamiento en contra de la legalidad.

Herrera, ha opinado además que el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, debería dimitir porque ya cuenta con más de 200 viviendas con sentencias de derribo en su municipio. «Somete al municipio a una serie de riesgos con los que, en su caso, cualquier alcalde mínimamente decente hubiera dimitido», ha apostillado Herrera, que señala que la continuidad de Pacheco en su cargo prueba «la falta de salud democrática de Cantabria».

El colectivo ecologista Arca ha recurrido hasta el momento todas las licencias concedidas en el Alto del Cuco, en el municipio de Piélagos, un total de once.

Fuente: D.Montañes

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El nido del cuco se cae…

Imputado un empleado de la constructora Fadesa por amenazar a ecologistas
EL PAÍS – NATALIA JUNQUERA

Les llamaban terroristas y jaleaban a la gente para ir “a por ellos”, a la casa de Gonzalo Canales, presidente de Arca, la organización ecologista responsable de la sentencia que paralizó la urbanización donde habían comprado sus casas, en el Alto del Cuco (Piélagos, Cantabria). Fue el miedo lo que decidió a Canales a presentar una denuncia. “El día que rompieron a disparos un farol de mi casa, pensé que habían llegado demasiado lejos”, asegura.

La Guardia Civil le puso protección y visitó su domicilio durante un tiempo para comprobar que estaba bien. Casi un año después, los agentes del equipo de delitos de Internet de la Guardia Civil han identificado, imputado y tomado declaración a los autores de las amenazas en un foro de internet creado por los compradores de la urbanización paralizada hace casi un año por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por considerarla “una dentellada al monte”.

Los imputados son: Miguel Durán Bermúdez, empleado de Martinsa-Fadesa, la constructora; José Ignacio Arminio Roiz y Óscar Roberto Vallejo, ambos compradores de viviendas en la urbanización. Preguntado qué pretendía decir cuando escribió “¡Todos a una, a por Arca!”, el primero negó haberlo escrito y aseguró que a él “no se le ocurriría amenazar a nadie”. Arminio se negó a declarar. Vallejo confesó haber llamado “terroristas” a los miembros de Arca, haber pedido “que no se fueran de rositas” y que sufrieran “en sus propias carnes el daño que nos han hecho”. Consultado por este periódico, Arminio Roiz, negó haber sido llamado a declarar y aseguró que los mensajes del foro “sólo reflejan la rabia y la impotencia de los compradores. Es el colmo que la Guardia Civil investigue a los afectados”, añadió. Durán también negó haber participado en las amenazas.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Santander concluyó que los hechos pueden ser constitutivos de falta. Arca ha apelado la decisión por considerar entre otras cosas, que, al tratarse uno de los imputados de un empleado de la constructora, debe ser juzgado como delito.