Derribos en El Encinar

FOTO: CELEDONIO.. Fuente: . 29/04/2009 D.Montañés

Al final las excavadoras entraron en esta urbanización para derruir parte de lo construido ilegalmente , lo curioso del tema es que lo realizo CENAVI la misma constructora que en su día lo levanto y os preguntareis  ¿por que?… pues para poder cobrar la indemnizaciones que les corresponden como propietarios de las estructuras (se paralizo su construcción antes de venderlas), curioso verdad…siendo ellos responsables junto al antiguo alcalde de Arnuero y al Gobierno Regional, encima ahora cobraran…esto es de locos.

Este es un punto en el que no estoy de acuerdo, las indemnizaciones se deberían cobrar antes del derribo pues puede darse el caso de que sea tu única vivienda y al derribarla te veas en la calle y luego pasen años en cobrar tu dinero…si alguien espera ser pagado por algún Ayuntamiento sabrá de que hablo.

Claro esta que también estoy en desacuerdo en que sean los vecinos de Arnuero y en conjunto todos los cántabros los que paguemos los delitos cometidos por políticos y altos cargos de esta comunidad. siendo ellos los que deberían pagar de sus propios bolsillos las altas, altísimas compensaciones que piden los damnificados por esta causa, yo ya empiezo a estar mas que harto que siempre paguemos los mismos y como ejemplo podéis tomar lo pagado en Noja en multas por temas medioambientales, pagadas íntegramente por nosotros vecinos de este pueblo.

Otro tema muy trillado es la implicación de ARCA en este tema y yo quiero decir desde este modesto medio que esta organización sin animo de lucro y defensora del medioambiente no es para nada culpable de estos derribos pues su labor es el mantenimiento del medio y la lucha por la legalidad tantas veces menospreciada por nuestro políticos y gentes avariciosas, pensemos por un momento que sucedería si no existiese….gracias ARCA por vuestra lucha tantas veces no comprendida.

Veremos lo que sucede cuando se tiren las viviendas restantes, estas si habitadas, me imagino un gran revuelo e indignación por parte de sus dueños y no sin razón y espero de verdad se les compense por tantos años de sufrimiento y lucha, pero que quede una cosa clara los derribos deben llevarse adelante pues de no ser así esto seria terrible para el medioambiente, pero como ya dije antes que se les pague antes y sean los jueces los que dictaminen de donde debe salir el dinero, si del bolsillo del pueblo o de las cajas fuertes de los que se lucraron con este proyecto ilegal.

Como apuntes informativos os dejo las declaraci0nes recientes de ARCA y una esclarecedora entrevista a Jose Luis Palacio del 2005:

La asociación ecologista ARCA valora el anuncio de que iniciará la demolición de la urbanización de La Arena, en Arnuero, como una buena noticia para la defensa del paisaje costero y como una aportación a la seguridad jurídica del urbanismo cántabro.

ARCA recuerda que sin su intervención el encinar de la playa de La Arena hoy no existiría y en lugar se alzarían 2.500 viviendas, pero afortunadamente para Cantabria la asociación consiguió anular el planeamiento urbanístico de Arnuero y la licencia para construir los primeros 144 apartamentos.

ARCA también está satisfecha porque siempre ha defendido la ejecución de todas las sentencias firmes de demolición y que se indemnice con rapidez a los afectados.

Agradecimiento y responsabilidades

ARCA quiere agradecer especialmente el trabajo desarrollado por decenas de voluntarios a lo largo de las distintas fases de la campaña en defensa de la playa de La Arena, muy especialmente a quienes asumieron en los años noventa graves costes personales en acciones directas en la propia obra, o contra los responsables del Ayuntamiento de Arnuero y del Gobierno de Cantabria.

Del mismo modo hay que seguir reclamando que se señalen las responsabilidades políticas y que haya una declaración institucional pidiendo perdón a la sociedad de Cantabria por los graves costes sociales, ambientales y económicos que ha supuesto el caos urbanístico sufrido en los últimos quince años.

ARCA identifica como máximos responsables en el caso de la playa de La Arena a los entonces Presidente del Gobierno, Juan Hormaechea, alcalde de Arnueo, José Luís Rey Villa, y Director General de Urbanismo y Vivienda, Juan Badolato, así como las Sociedades CENAVI e Inmobiliaria Arnuero.

Fuente: ARCA

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Palacio dice que fue perseguido «por la licencia de El Encinar»

El ex edil del PP, y primer teniente de alcalde, asegura que fue destituido de su cargo porque se posicionó en contra del proyecto

ROBERTO ALONSO/CASTILLO

A principios de los años noventa, cuando se estaba tramitando en el Ayuntamiento de Arnuero la licencia de obra para construir los 144 apartamentos de El Encinar, en Isla, el concejal por aquel entonces y primer teniente de alcalde, José Luis Palacio (PP), fue destituido de su cargo.

Aunque todavía sigue reclamando explicaciones a los responsables del equipo de gobierno, encabezado por José Luis Rey Villa, inhabilitado políticamente desde hace unos años por los tribunales, Palacio asegura que su cese se debió a sus protestas por algunas decisiones que se tomaron referentes a actuaciones urbanísticas. «Entre ellas se encontraban la construcción de los 144 apartamentos en la playa de La Arena que yo considere ilegal en todo momento», explica Palacio, quien paso a formar parte, en la oposición, del grupo Plataforma Independiente de Cantabria.

El ex concejal también señala que calificó a los gobernantes municipales de «caciques rurales y corruptos, motivo por el que me interpusieron una querella por difamación que fue desestimada en el juzgado de Santoña y en los tribunales en Santander».

Depresiones

José Luis Palacio, que también ostentó el cargo de presidente de Junta Vecinal de Castillo durante unos años, indica que ha sufrido depresiones por la querella que le presentaron y persecución política. «Durante tres años he recibido llamadas de teléfono a mi domicilio a las cinco de la mañana para que dejase la política por considerar ilegales ciertas actuaciones urbanísticas, e incluso me tildaron de miembro del grupo terrorista Grapo». Esta situación fue denunciada por Palacio en la Guardia Civil y pasó al juzgado de Santoña. Y es que, otra de las iniciativas que denunció fue el cierre, por parte de unos vecinos con el consentimiento del Ayuntamiento, de un terreno en el barrio de San Pantaleón, en Castillo, propiedad de la parroquia y de la junta vecinal. El hecho fue denunciado en los tribunales, dice Palacio, y posteriormente el juez ordenó la demolición del cierre, ya que los terrenos pertenecían a la junta vecinal.

Desprecios

«En mi opinión querían utilizar la justicia para tapar sus errores urbanísticos, cuando al final yo estaba diciendo la verdad», declara este vecino de Castillo, quien además avanza que sufrió insultos, desprecios y mentiras desde el equipo de gobierno municipal.

Ante esta situación que ha vivido y después de conocer la ilegalidad firme de la construcción y de que las indemnizaciones morales a los propietarios deben ser pagadas con dinero público, procedente del Gobierno de Cantabria y la Corporación, Palacio dice que «las consecuencias políticas deberían ser pagadas por quienes concedieron los permisos ilegales, de tal forma que los responsables políticos no queden inmunes en estos fraudes».

Asimismo, el ex edil reclama a los miembros de la actual Corporación que en un pleno haga públicos los nombres de quiénes fueron los culpables del tema de ‘El Encinar’, ya que «algunos todavía forman parte del equipo de gobierno». Al mismo tiempo, adelanta que de no hacerlo o sí le desmienten, lo hará él y les convoca a debatir el asunto en los medios de comunicación.

Explicaciones

José Luis Palacio tampoco se olvida aún de pedir explicaciones sobre los motivos por los que le destituyeron como primer teniente de alcalde.

Respecto a José Manuel Igual, alcalde actual por el Partido Popular, Palacio sólo tiene palabras de agradecimiento por el trabajo honesto que está realizando, pero «a los estómagos agradecidos de la zona, incluido Castillo, que estuvieron contra mi en aquellos años, sólo les pido que no les dé verguenza cuando ahora les miro a la cara».

Fuente:AMA


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No puedo comentar…¿Por que?

Hoy el D.Montañés después del revuelo provocado ayer en los comentarios de una noticia relacionada a decidido hoy cerrarlos, aquí lo podéis ver, os dejo las declaraciones del Alcalde de Argoños por si queréis comentarla, gracias nuevamente a este medio por su gran visión de lo que significa la expresión de sus lectores.

Gracias Argoños por la información.

El alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña (PP), consideró ayer que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) por el que ordena a la Fiscalía investigar su comportamiento en relación con la ejecución de las sentencias de derribo, puede obedecer a un «malentendido», ya que el Ayuntamiento en ningún momento ha pretendido eludir sus responsabilidades en este asunto. Barruetabeña considera que «en ningún momento» ha incurrido en ninguno de los delitos que el TSJC ha ordenado investigar. «El Ayuntamiento convocó, a subasta y a concurso, y posteriormente por procedimiento negociado, la adjudicación de los derribos de las urbanizaciones Las Llamas I y Las Llamas II», recalcó el alcalde. Sin embargo «ninguna empresa se presentó a los diferentes procedimientos, con lo que quedaron desiertos». «Es voluntad de este Ayuntamiento ejecutar las sentencias, pero carecemos de los recursos económicos necesarios para ello, y más en estos momentos», añadió Barruetabeña, quien indicó que «en dos ocasiones hemos solicitado auxilio económico al Gobierno de Cantabria para poder ejecutar las sentencias y así cumplir lo ordenado por los tribunales, pero las peticiones han sido denegadas». En cuanto a la ejecución de las partidas presupuestarias, y su posible desvío a atender otras necesidades y gastos del Ayuntamiento de Argoños, el alcalde advierte que «nunca se ha formulado al respecto reparo alguno por parte del interventor municipal», luego no habría podido incurrir en delito ni de prevaricación ni de malversación de fondos, como el Tribunal Superior de Justicia ha ordenado investigar.

Derribos y censura en el Diario Montañés

Entrando en la web del Diario Montañés, me encuentro con la noticia que os pongo a continuación sobre los derribos en Argoños muy en la linea de este diario haciendo campaña en contra de los derribos como viene haciendo desde hace tiempo, acordaros del acoso que recibió ARCA desde este medio, pues bien a la hora de realizar varios comentarios en la noticia, mis comentarios simplemente por dar informaciones veraces al respecto han sido eliminados, al igual que muchos otros, parece que solo interesa que se oiga una parte del conflicto, pues bien para el que quiera lo puede hacer aquí sin censura, salvo insultos directos y malos modos.

Argoños es otro pueblo desde que el pasado sábado se hiciera público el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) por el cual se establece un plazo de quince días para que el alcalde inicie los tramites de derribo de las primeras cinco viviendas afectadas por sentencias de demolición en Cantabria.
Este auto, además, insta a la Fiscalía a que investigue la actuación del alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña (PP), por si, con su actuación, este hubiera incurrido en posibles delitos de prevaricación y malversación. En el primer caso se le acusaría de haber retrasado la ejecución de los derribos y en el segundo de haber destinado a otras necesidades municipales la partida presupuestaria prevista para financiar esos trabajos, siempre y cuando la Fiscalía perciba los indicios suficientes como para formular una acusación.
En respuesta a la situación creada por este auto del TSJC, los propietarios de viviendas afirmaban ayer mismo «apoyar totalmente las gestiones del alcalde», y lanzaron este mensaje a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria: «Con autos como este, nos están matando».
El colectivo, formado por un millar de personas, y agrupado en torno a la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), se pronunció ayer por boca de su presidente, Antonio Vilela, como ya hiciera el pasado sábado en primera instancia.
«Nos están machacando»
Vilela ha sido duro con la situación. «Que tengan sensibilidad hacia los afectados. Nos están machacando con estos autos. Están acabando con la gente. Que se lean sus propias sentencias, donde tienen los peritajes de los psicólogos que hablan de daños morales a los afectados. Nos están matando».
El presidente del colectivo se refirió ayer a la situación de una familia -una de tantas-, cuya madre ha sido ingresada en el hospital con una angina de pecho, el padre padece un cáncer y el hijo, con 43 años, sufrió hace menos de un año un infarto de corazón.
La tensión acumulada a lo largo de todo este tiempo y la contradicción entre los procedimientos judiciales, que persiguen la demolición, y los políticos, que persiguen la legalización, de acuerdo con la resolución aprobada por el Parlamento de Cantabria, podrían estar en el origen de toda esta situación.
«Si es que esas viviendas que ahora ordenan demoler mañana podrían ser legales Y ¿qué decimos? ¿qué se han derribado y que eran legales?». Efectivamente, el plan elaborado por el Gobierno de Cantabria, y presentado ante el TSJC por el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, lo que persigue es, precisamente, legalizar el mayor número de situaciones.
Diferente altura
Vilela aludió también al impacto visual de los cinco chalets a demoler, ya que «tienen un piso de altura y a sólo unos metros se está construyendo la depuradora de San Pantaleón -del Saneamiento de las Marismas se Santoña-, que tiene cinco pisos de altura».
También se preguntó por qué hay una moratoria para derribar la depuradora de Vuelta Ostrera y aquí no es posible esperar a los resultados de las gestiones promovidas por el Gobierno de Cantabria, a instancias de Parlamento.

Mas que daños morales…

08.05.2008 –
JOSU GARCÍA/REDACCIÓN

El Supremo ratifica la primera indemnización por daño moral por los derribos en Cantabria

Una pareja de Zorroza, Jesús María y Araceli, será la primera familia en cobrar una compensación económica por el daño moral que las administraciones cántabras han causado a quienes llevan batallando más de una década para que sus viviendas no sean derribadas. El Tribunal Supremo acaba de hacer firme una sentencia que culpaba al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Argoños de que la casa del matrimonio de Bilbao vaya a ser pasto de las excavadoras. En su resolución, los magistrados obligan a las instituciones a indemnizarles con 9.000 euros.

El auto sienta un precedente muy importante, ya que, como Jesús María y Araceli, hay otras 300 familias a las que se les ha reconocido, en primera instancia, el derecho a ser resarcidas por el sufrimiento padecido, pero aún están a la espera de que se resuelvan diversos recursos. Dos casos -dos demandas colectivas que engloban a decenas de afectados- se encuentran ya en el Supremo. «Esperemos que el tribunal siga el mismo criterio que ha aplicado en este caso concreto», afirma esperanzado Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). Este colectivo se creó hace cinco años con el objetivo de unir fuerzas entre los propietarios -en su mayoría vizcaínos- de un millar de inmuebles que están condenados a la piqueta, después de que las licencias de construcción que habían recibido el visto bueno de las administraciones cántabras fueran declaradas ilegales por la Justicia. Toda esta «pesadilla» comenzó por una cascada de denuncias del grupo ecologista ARCA y ha atrapado a más de 2.000 personas.

Aunque no entra al fondo del asunto, el Supremo es contundente en su decisión y hace firme la sentencia anterior, que era favorable a la pareja de Zorroza. Los magistrados no han admitido si quiera a trámite los recursos presentados por el Ejecutivo regional y el Consistorio de Argoños por una cuestión de forma. Entiende que no debe pronunciarse sobre pleitos en los que hay en juego una cantidad de dinero inferior a 150.000 euros. Además, el órgano de Justicia condena en costas a los recurrentes y obliga al pago de mil euros más para que Jesús María y Araceli puedan costearse su abogado. Este dinero que ahora percibirán es independiente a las cantidades que cobrarán por el daño patrimonial una vez se derruyan sus casas.

Satisfacción

El auto judicial ha sido bien recibido por AMA, por cuanto supone «reconocer la culpa» de las administraciones y la «inocencia» de unos vecinos que compraron sus casas con todos «los parabienes» institucionales. «Eso sí, las indemnizaciones dictadas hasta ahora por daño moral-oscilan entre los 9.000 y los 12.000 euros, en función de si la vivienda afectada es primera o segunda residencia- no enjugan ni un ápice el sufrimiento que llevamos padeciendo durante más de una década por culpa de la negligencia de los organismos oficiales», censuró Videla. «Es más -añadió el presidente de AMA-, uno de se da cuenta de que las cantidades a cobrar son mínimas por más de diez años de incertidumbre y sufrimiento psicológico, cuando uno ve que, recientemente, una revista del corazón ha tenido que pagar a la hija de la duquesa de Alba 90.000 euros por haberle atribuido un supuesto romance». Desde la asociación de afectados lanzaron también un ruego: «Pedimos a todos los ayuntamientos que continúan recurriendo este tipo de sentencias, que renuncien porque se ha demostrado que lo único que hacen es malgastar el dinero público y ejercer el ‘sumum’ del maltrato contra los ciudadanos que hemos sufrido las desastrosas consecuencias de su nefasta gestión».

Además, Vilela llamó la atención sobre cómo ningún político ha asumido hasta ahora «responsabilidad alguna por todo este fiasco».

El presidente de AMA también exigió a las instituciones que busquen una salida, «lo antes posible», para que las 1.000 viviendas condenadas en la comunidad vecina no sean, finalmente, objetivo de las excavadoras.

Fuente:D.Montañés