El Ayuntamiento de Noja pide 81.416 euros al vecino que le obligó a suspender el carnaval

El alcalde de Noja, Jesús Díaz, ya advirtió que ejercería acciones jurídicas contra los ‘cabecillas’ de las movilizaciones que obligaron a la suspensión del carnaval de verano en agosto 2009. Y sus palabras no se las ha llevado el viento. El Pleno del Ayuntamiento acordó, con los votos a favor del PP y las abstenciones de la oposición (PSOE, PRC y Dicán), demandar a Agustín Plaza, uno de los portavoces de la plataforma de veraneantes que se movilizó ante lo que consideraban una «abusiva» subida del Impuesto de Bienes Inmuebles, un 35%, y de las tasas municipales, un 90%.
El Consistorio exige a Plaza, militante socialista y de la UGT, el pago de 81.416 euros por los daños y perjuicios ocasionados debido a la suspensión del carnaval de verano. Y es, según señaló Díaz, las miles de personas que se manifestaron de manera «ilegal» aquella tarde-noche por las calles de la villa contra el incremento de impuestos, colapsaron los accesos a la villa lo que obligó a paralizar el carnaval de verano. Un daño que el alcalde no ha olvidado.
Ante esta decisión, Plaza pide al Ayuntamiento que retire inmediatamente esta demanda así como la de cualquier otro vecino «por unos acontecimientos que ocurrieron por responsabilidad única y exclusiva de la propia corporación municipal». El manifestante solicita apoyos que se sumen a su reclamación a través del escrito ‘Carta Solidaria Agustín Plaza‘ que se puede encontrar en la página web de la asociación ‘Conciencia ciudadana 10 de Agosto‘.
Este colectivo nació a partir de aquellas movilización y trabaja desde entonces «por mejorar las condiciones de Noja para que sea un sitio agradable del que todos (empadronados y veraneantes) podamos disfrutar». En todo este tiempo, a su lucha contra el incremento del IBI han sumado denuncias como irregularidades en el cobro de las facturas del agua, urbanismo, exceso de ruido por las noches… Y ahora incluyen la petición de que se retire el expediente incoado a uno de los convocantes de aquellas movilizaciones. En el escrito Plaza recuerda que la suspensión de la fiesta del carnaval fue «por decisión del propio Ayuntamiento como consecuencia de una movilización espontánea contra la fuerte subida de tasas e impuestos de dicha Corporación en plena crisis».
Fuente: D.Montañés
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La Unión pide a los ayuntamientos cántabros que rebajen el tipo de gravamen del IBI al mínimo legal

El partido La Unión ha pedido a todos los Ayuntamientos de Cantabria a que rebajen el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ajustándose al mínimo legalmente previsto, ya que “la aplastante mayoría de municipios en Cantabria tienen fijado un gravamen que supera el mínimo legal”.

El presidente de La Unión, Rafael Sebrango, ha añadido que “esto es “urgente hacerlo en los municipios en los que se ha revisado el valor catastral recientemente”. “Los ciudadanos son los que pagan las hipotecas de la crisis, y no es justo que también paguen los excesos de sus Ayuntamientos”, aseveró.

Para esta formación, “no se puede permitir que sobre las viviendas de los ciudadanos recaiga ahora un esfuerzo fiscal, cuando en los tiempos en que los Ayuntamientos se hartaron de ingresar licencias por obra, nadie se acordó de bajar los impuestos”.

“La crisis tiene su gran causa, en España, en la construcción de viviendas, cuyas hipotecas pagan los ciudadanos como pueden”, ha explicado, agregando que “de la construcción vivieron los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, y no es admisible que ahora que las cosas van fatal, sean esas viviendas precisamente las que sirvan para cargar de impuestos al ciudadano”.

“Si los Ayuntamientos despilfarraron sus recursos, no es problema del ciudadano, es problema de los gestores políticos. Si ahora los Ayuntamientos no tienen recursos tendrán que adaptarse a la nueva situación, y eliminar servicios prescindibles, no obligatorios, y que en muchos casos son pura repetición de los que corresponden a Comunidades Autónomas y al Estado, y fueron creados en la mayoría de las ocasiones para obtener rentabilidad electoral”, ha manifestado

Según detalla, el tipo mínimo de gravamen está situado en un 0,4, respecto del valor catastral de las viviendas, que es mayor en 74 de los 102 ayuntamientos de Cantabria.

Dentro del grupo de municipios de mayor población de Cantabria, citó como ayuntamientos con más carga fiscal para las viviendas de sus ciudadanos, Laredo, con un tipo del 0,81, Torrelavega con el 0,75, El Astillero con el 0,73, y Santoña, con el 0,72.

También se ha referido a otros con menos población que los anteriores, destaca Miengo, con el 0,73, y Reocín con el 0,7, siendo “paradigmático” el caso de Noja, municipio donde proporcionalmente más se ha construido en los últimos años, y que grava a sus vecinos con un 0,78.

Los Ayuntamientos que están a la cabeza en el tipo de gravamen, son sin embargo dos con reducida población, como Lamasón, con un 0,85, y Campoo de Yuso, con un 0,8.

En el caso de la capital, Santander, su tipo de gravamen es del 0,5070, “pero debe ajustarse al mínimo, ya que en 2010 se ha revisado el valor catastral, con subidas impresionantes, por lo que el impuesto va a ir subiendo de manera constante hasta 2018, en que su importe subirá más del 100% de lo que se paga ahora, muy por encima del IPC”.

“Santander ha sufrido una revisión brutal de sus valores catastrales, por lo que es forzoso que el Ayuntamiento rebaje el tipo de gravamen al mínimo, al 0,4, para paliar la salvaje subida del impuesto que habrán de pagar los santanderinos”, ha señalado.

Fuente: 20minutos